Teddy Bautista y otros ocho detenidos en la operación contra la SGAE

Entre las nueve personas detenidas figuran el presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista; el director financiero de esta entidad, Ricardo Azcoaga, y el director general de la citada filial digital –la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE)–, José Neri, según fuentes de la investigación consultadas por Efe.
Los detenidos están prestando declaración esta tarde o lo harán en las próximas horas ante la Guardia Civil, que a la vista del resultado de los interrogatorios y de la documentación intervenida en los registros decidirá sobre su puesta a disposición del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que dirige la operación.
De momento, se les imputan delitos societarios y de apropiación indebida por haber creado una estructura societaria en torno a la Sociedad General de Autores que se habría lucrado de una beneficiosa relación económica con las entidades del denominado "grupo SGAE", según una nota de prensa facilitada por la Guardia Civil. "En el marco de la investigación igualmente están incursas algunas de las entidades dependientes de la Entidad de Gestión de Derechos de Autor, así como algunos de los componentes de su cuadro directivo", añade el comunicado.
En la operación, desarrollada en Madrid, participan más de medio centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, así como personal de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos en marzo de 2010 a raíz de una denuncia que otra sociedad, aunque la Guardia Civil llevaba investigándolos desde 2008.
Bautista no habría tenido "papel activo" pero sí "conocimiento"
Entre los registros que se están practicando figuran el del Palacio de Longoria, sede central de la SGAE, así como los de varias empresas y domicilios particulares. Las fuentes consultadas por Efe han asegurado que también se ha registrado la sede de la SDAE, dirigida por José Neri, a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva.
En esa trama jugaba un papel principal, según las mismas fuentes, la empresa Microgénesis, vinculada a Neri y que según su página web realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus clientes a la propia SGAE o al Instituto Cervantes.
Los nombres de Neri y de Microgénesis ya aparecían en una denuncia que en 2007 interpusieron ante Anticorrupción la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE). La denuncia decía, refiriéndose a Neri, que resultaba "extraño" que por la SGAE, la SDAE y Microgénesis pasara "la misma persona ocupando puestos directivos de forma simultánea entre los años 2000 y 2007".
Mientras tanto, los investigadores creen que Teddy Bautista no habría tenido un papel "activo" en el desvío de fondos, pero sí conocimiento del mismo.
"No hay pan para tanto chorizo"
Varios vehículos de la Guardia Civil llegaron aproximadamente a las 11:00 horas de este viernes a la sede de la SGAE en la calle Fernando VI de Madrid, donde han sido desalojados los trabajadores que se encontraban en ese momento en el edificio. Los directivos de la SGAE permanecen en el patio del Palacio de Longoria, sede de la entidad de gestión mientras se producen los registros.
Los alumnos de un máster de gestión cultural que se encontraban dentro del edificio han podido permanecer en el interior hasta que han terminado las clases. Alrededor de las 13 horas varios de los trabajadores de esta entidad han abandonado el edificio entre gritos de "chorizos" o "no hay tanto pan para tanto chorizo". Éstos han sido proferidos por un grupo de ciudadanos que se ha acercado hasta la sede de la SGAE para ver que ocurría y protestar por la labor desempeñada por dicha entidad.
Los agentes del Instituto Armado se encuentran en la sede de la institución realizando registros y tienen la orden de intervenir ordenadores y facturas así como otra documentación relacionada con la causa. Mientras tanto, la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) permanece cerrada a cal y canto durante el registro que la Guardia Civil está realizando.
Elecciones en la SGAE
Precisamente, este mismo jueves se celebraron las elecciones a la SGAE, obteniendo el respaldo mayoritario la Candidatura Profesional de Autores y Compositores (CPAC) encabezada por Teddy Bautista.
La nueva Junta Directiva, integrada por 38 socios, celebrará su primera reunión el próximo 12 de julio, y su primer punto en la agenda será designar al presidente de la SGAE y a tres vicepresidentes, así como al presidente del Consejo de Dirección, cargo que en la actualidad desempeña Teddy Bautista.
En concreto, la CPAC ha obtenido el respaldo mayoritario de los votantes en los colegios autorales y estará presente en la Junta con un total de treinta miembros. Asimismo, los ocho restantes que completan la composición de la Junta corresponden a la candidatura unitaria de editores musicales. La lista De Otra Manera (DOM) no ha logrado ningún representante pese a alcanzar el 43% de los votos, como tampoco los candidatos que se presentaban de modo individual.
La jornada electoral, que se desarrolló con absoluta normalidad entre las 10:00 y las 20:00 horas del jueves, estuvo marcada por una mayor participación que en anteriores convocatorias electorales, tanto en el voto presencial, como en el voto por correo.
En total, estaban llamados a las urnas un total de 8.271 socios (un 7,54% más que en las elecciones de 2007 - 7.691), que contabilizaban 70.191 votos (un 18,73% más que en 2007 - 59.119). Este significativo incremento en el número de votantes es consecuencia de que el reparto de derechos de autor ha venido englobando, cada vez más, a un mayor número de miembros de la entidad.
Fuente: www.libertad digital.com (http://www.libertaddigital.com/internet/2011-07-01/detienen-a-teddy-bautista-por-malversacion-de-fondos-y-estafa-1276428296/)

La Guardia Civil registra la sede de la SGAE

En una operación en la que se investigan presuntos delitos de apropiación indebida, desviación y malversación de fondos.

La Guardia Civil está procediendo al registro de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y "por el momento" no ha habido detenciones, aunque no se descarta que en las próximas horas sí se produzca alguna según fuentes de la investigación. Según la Agencia EFE, Eduardo 'Teddy' Bautista será puesto a disposición judicial tras el registro.  
La operación se produce en el marco de una causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que lleva dos años investigando presuntos delitos de desviación de fondos y apropiación indebida. La Guardia Civil ha acudido a la sede de la SGAE con tres órdenes de detención dictadas por el magistrado Ruz, quien ha ordenado que no se ejecuten aún, informa Óscar López Fonseca. 
La investigación está a cargo del grupo de delitos económicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que mantiene la sede cerrada durante el registro al tiempo que tres vehículos están situados en la confluencia de las calles Fernando VI y Pelayo, aunque ya han permitido la salida de algunos trabajadores del edificio a en torno a las 12.15 y a las 12.40.
A las puertas de la sede comienzan a reunirse una decena de personas convocadas por Internet para protestar contra la SGAE que han cantado lemas como "No hay pan para tanto chorizo". 
El escrito del Ministerio Público, que fue presentado hace unas semanas ante el Decanato de la Audiencia Nacional, responde a unas diligencias previas abiertas por este departamento a raíz de una denuncia que presentaron en noviembre de 2007 la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE) a raíz de una información de Público ese mismo año. Por esa información, la SGAE se querelló contra este diario acusando a Público de mantener "una campaña" en su contra.
La denuncia se basaba en la aparición en varios medios de comunicación de varias "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE".
Los internautas denunciaban que los directivos de la entidad habían formado una trama societaria de empresas filiales en torno a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) en las que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se invertían en actividades lucrativas para las mismas.
Según estas asociaciones, la entidad denunciada incumplía, de esta forma, "el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que lo son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley".
A su juicio, estas actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones que serían achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la "malversación" de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como "principal fiscalizador de este tipo de asociaciones".


Fuente: http://www.publico.es/culturas/384876/la-guardia-civil-registra-la-sede-de-la-sgae

La industria cultural prepara para septiembre denuncias contra sitios web de enlaces

Este primer “ataque” pretende “evaluar la eficacia” de la nueva normativa

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos trabaja ya en la presentación de un paquete de denuncias contra páginas web de descarga de contenidos no autorizado para finales de septiembre, una vez estén listos el reglamento de la llamada Ley SINDE y la comisión encargada de recibir y examinar estas demandas (concretamente, la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura).
El director de la Coalición, Andrés Dionis, ha adelantado que este “paquete” de denuncias no será muy numeroso pero sí “contundente” porque irá contra las principales páginas web de descarga no autorizada que afectan a todos los sectores: vídeo, música, videojuegos y libros.
Este primer “ataque” a la llamada ‘piratería’ pretende “evaluar la eficacia de la comisión de propiedad intelectual” y lanzar el mensaje claro de que “la ley tiene el objetivo de atacar el problema en origen“, ha señalado Dionis.
El borrador del Real decreto que desarrolla la ley ‘antipiratería’ está actualmente en trámite de consulta a diferentes instituciones como el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial o de la Comisión Europea, una consulta que no es vinculante y que podría estar concluido a finales de agosto para que en la primera quincena de septiembre el reglamento sea aprobado en Consejo de Ministros.
Dionis considera que el elemento más positivo del actual reglamento y de la propia ley es que “representa un antes y un después en la lucha de lo ilegal”, si bien destaca que el borrador actual contiene aspectos “preocupantes” que perjudican la seguridad jurídica de todos los implicados.
¿Reincidencia?
Entre ellos, la coalición de creadores e industria cultural denuncia que el borrador es “ligeramente irresponsable” y no lo suficientemente “concreto y descriptivo” en el caso de la reincidencia de una página de descargas o la determinación de la responsabilidad de las web de enlaces.
Para que la norma gane en eficacia, Dionis propone que cuando el responsable de una página denunciada retire el contenido pero vuelva a colgar en la red otro no autorizado, éste no sea apercibido para que lo quite de forma voluntaria, sino que su conducta sea castigada.
El otro aspecto que también preocupa a la industria son las páginas de enlaces a contenidos, que en muchos casos están alojados en servidores extranjeros, y que en un 95% de los casos conducen a la descarga no autorizada. Aunque la norma ya recoge esta posibilidad, Dionis subraya que el borrador no da solución al problema.
“Hubiera sido una magnífica oportunidad que el Gobierno especificara que las web que enlazan a contenidos ilegales son objeto claro de regulación”, ha señalado el director de la coalición.
Con estos “retoques”, la ley Sinde, a juicio de Dionis, sería más eficaz y lograría el objetivo de parar significativamente la llamada ‘piratería’, al tiempo que la industria comience a ampliar su oferta legal para crear “toda una generación de consumidores digitales” y que la ‘piratería’ se convierta en algo “residual”.
Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/24/navegante/1306239265.html

Fuente

http://manuelmurillogarcia.wordpress.com/2011/05/25/la-industria-cultural-prepara-para-septiembre-denuncias-contra-sitios-web-de-enlaces/

Red tor es una posibilidad

Para poder esquivar cualquier censura y poder navegar anónimamente sin dejar rastro en internet se puede utilizar la red tor. El programa que se puede descargar desde la web oficial lleva un navegador firefox incorporado. La única desventaja que presenta es que a veces tarda un poco a cargar la página pero puede ser una buena solución cuando la Ley Sinde empiece a actuar y muchas de las webs como cinetube o seriesyonkis se trasladen a otro servidor no español donde no haya censura.
Web oficial: https://www.torproject.org/

Discurso de Alex de la Iglesia Goyas 2011 - Brillante!!!-

http://www.megaupload.com/?d=QYKDBZ7L

Plataforma busca 500.000 firmas para iniciativa legislativa contra ley Sinde

Valencia, 28 ene (EFE).- La plataforma 'No a la ley Sinde', creada para oponerse a la aprobación de la ley de economía sostenible, busca reunir 500.000 firmas para proponer en el Congreso una iniciativa legislativa popular con la que proteger a los internautas que consumen material con derechos de autor.

Así lo ha anunciado en una conferencia de prensa el portavoz del sitio web noalaleysinde.com, Javier Medina, junto a otros portavoces de otros colectivos que forman esta plataforma, como Isaacar (Isaac Marín), de freewikileaks.eu, Jose Luis Montesinos, del partido Libertad Individual, y Laura Martínez, del Partido Pirata.

Los representantes de esta iniciativa han realizado un llamamiento a todos aquellos internautas que se consideren perjudicados para que inicien su propia captación de firmas a través de los formularios que se pueden descargar desde su página web, de modo que después los remitan por correo para aunarlos.

Medina, que inició la recogida de firmas el 6 de enero cuando se conoció la reactivación del proceso de aprobación de la ley Sinde en el Congreso, ha reconocido que la imposibilidad normativa de recoger firmas a través de Internet si no es con DNI electrónico es una traba para su objetivo.

"Esto nos obliga a liberar la captación de firmas a quien quiera comenzarla por su parte, y a salir a la calle, donde a la gente le llama mucho la atención que vayan a cerrar las páginas web donde ven las series que les gustan", ha explicado.

Javier Medina ha anunciado que las firmas se presentarán cuando la ley se vaya a aprobar en el Congreso, "presumiblemente el 9 de febrero", y ha comentado que la plataforma se ha rodeado de personas entendidas en Derecho, con las que no descartan hasta la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

De hecho, los integrantes de esta plataforma temen que la ley Sinde pueda incluso ser derogada o no aplicada a los pocos meses de su aprobación para imponer unas medidas aún más restrictivas a los usuarios de Internet, "como existe en Francia con la ley 'Hadopi'".

Isaac Marín ha señalado que en la norma francesa se avala la desconexión de usuarios que presuntamente han descargado archivos con derechos de autor, "cuando es más fácil 'desconectar' a los pocos que son los que suben los archivos, en vez de ir en contra de los que los descargan".

"La ley Sinde va mucho más allá de cerrar una página que ofrece material con derechos de autor para lucrarse, sino que se trata de un instrumento de censura de la red", ha añadido Isaac, quien ha considerado que esta regulación, de aprobarse, carga contra la libre transmisión de archivos entre internautas.

El representante de freewikileaks.eu también ha advertido que esta ley perjudica la industria española de servidores informáticos, "que en algunas zonas como Valencia es fuerte", ya que estos sitios web preferirán migrar y alojarse en otros países con más facilidades para ofrecer los archivos que consumen millones de personas.

Por su parte, José Luis Montesinos ha condenado la actitud del Partido Popular (PP) y de Convergència i Unió (CiU) de apoyar la aprobación de esta ley, lo que ha calificado de "bofetada a la sociedad" y de "repugnante indecencia política de una caza de brujas absurda y cara emprendida por unos zoquetes digitales".

"Con la ley Sinde, la propiedad intelectual está incluso más protegida que la propiedad física, pero más grave es todavía la recuperación de canon digital en vez de enterrarlo", ha concluido.

EFE

Un proveedor de Internet sueco desafiará las leyes «anonimizando» todo el tráfico de sus clientes

Al cifrar todas las comunicaciones de sus clientes inutilizará en la práctica la Directiva Europea de Retención de Datos, protegiendo al confidencialidad de las comunicaciones

Bahnhof, el más antiguo proveedor de Internet sueco, había sido hasta hace poco más bien desconocido fuera de sus fronteras. Sin embargo, el año pasado su nombre figuró en muchas noticias vinculadas a WikiLeaks, la web de revelación de secretos, por hospedar sus máquinas en su centro de datos de Estocolmo. Ahora han vuelto a la actualidad con una propuesta para eludir la Directiva Europea de Retención de Datos, que obliga a todos los proveedores a guardar información sobre las conexiones de sus clientes.

La directiva en cuestión se aprobó hace años en el parlamento de la Unión Europea, y en el caso de Internet se refiere a datos de los clientes y su navegación por la red. En los servidores del proveedor quedan normalmente archivados datos tales como las direcciones IP que visitan, el nombre y dirección del usuario y la hora, fecha y duración de las comunicaciones. La idea original tras esta legislación es que esos datos pueden ser utilizados únicamente para la «detección, investigación y persecución» de delitos relativos al terrorismo y al crimen organizado, por ejemplo comprobando por dónde navegaron en días anteriores los criminales tras producirse un atentado o un crimen de importancia similar.

Lo que van a hacer en Bahnhof es hacer pasar todo el tráfico de los clientes por una VPN (Red Privada Virtual) completamente cifrada mediante técnicas criptográficas seguras. De este modo, ni siquiera los propios operadores de Bahnhof sabrán por dónde navegan los usuarios, dado que no habrá registros (logs) que guardar: su navegación será anónima a todos los efectos. Esto, según sus directivos, «no hará muy felices a los lobbies de la propiedad intelectual» que persiguen a quienes presuntamente infringen sus derechos solicitando sus datos personales para saber quiénes son, qué contenidos alojan y por dónde navegan.

La idea de Bahnhof es tan poderosa como sencilla: como el proveedor no sabrá lo que hace la gente, no habrá datos que guardar, ni nada útil que entregar ante el requerimiento de un juez. La opción de navegar a través de la VPN cifrada será el modo por defecto de ese tipo de conexiones, así que todos los clientes estarán seguros: la información que quedará registrada sobre sus conexiones será en la práctica irrelevante: ¿Día y hora de conexión y desconexión del usuario? Quien tenga una tarifa plana, como es común en Europa, puede dejar la línea conectada todo el rato. ¿Alguien desde una dirección IP de Bahnhof accedió a una web externa, y la policía quiere saber quién es? «Lo sentimos, sabemos que fue uno de nuestros 500.000 clientes, pero no cuál de ellos porque está todo cifrado, si quieren les pasamos un disco completo con datos indescifrables».

No sin cierta ironía, el ISP ofrecerá también un servicio extra al que los clientes podrán optar voluntariamente. En este caso, dicen, «dejar que te espíe el gobierno costará unos 8 dólares más al mes».

Fuente: www.lainformación.com